El PCPE plantea la inmediata municipalización de todos los servicios privatizados por el Ayuntamiento de Logroño

El PCPE PLANTEA LA INMEDIATA MUNICIPALIZACIÓN DE TODOS LOS SERVICIOS PRIVATIZADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

DENUNCIA CONTINUAS IRREGULARIDADES LABORALES Y MALA GESTIÓN

Los candidatos municipales al Ayuntamiento de Logroño por el Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE), Juan Carlos Martínez y Judit Esparza, han ofrecido esta mañana una rueda de prensa en la cual han anunciado que la formación comunista se presenta con un objetivo prioritario a estos comicios: defender los derechos e intereses del conjunto del pueblo trabajador riojano.

En el ámbito municipal, consideran que también se están produciendo importantes violaciones de derechos laborales.

En primer lugar, Martínez ha denunciado la situación promovida por la corporación saliente, dirigida por el PSOE, que durante la legislatura que ahora concluye “ha apostado por la concesión de determinados servicios municipales a empresas multinacionales que, mientras reconocen decenas de millones de beneficios anuales, reciben importantísimas cantidades de dinero de toda la población logroñesa, sin que en ningún caso el servicio que prestan sea ni más eficaz, ni más económico que el que podría prestar el propio Ayuntamiento”.

El candidato denunció, como caso más representativo de esta situación, la prórroga a la UTE Logroño Limpio, participada por las empresas Urbaser (a su vez propiedad de la constructora ACS) y Fomento de Construcciones y Contratas (FCC). Martínez quiso recordar “la denuncia sindical que el pasado abril de 2010 realizaron CCOO y UGT, en la que daban a conocer las pésimas condiciones de prestación del servicio, los problemas laborales existentes en la empresa, y planteaban, entre otras cosas, la retirada de la concesión si no se cumplían los términos pactados”.

El PCPE va más allá, y denuncia que, según los términos de la prórroga de la concesión, en 2012 el Ayuntamiento de Logroño deberá hacer frente al pago de las actualizaciones por los años 2010 y 2011, de manera que “nos encontraremos con que en plena crisis, el ayuntamiento tendrá que pagar más de cien mil euros a empresas que arrojan beneficios de decenas de millones de euros”.

Por otra parte, el candidato comunista denunció que “hay multitud de servicios municipales que están entregados a empresas privadas, y la mayoría de la población no es consciente de lo que ello implica: peores condiciones laborales para los trabajadores y las trabajadoras, opacidad en la gestión y un servicio menos eficaz en buena parte de las ocasiones”. Al respecto, Martínez puso nombre a estas empresas, señalando, entre otras, a EULEN, que gestiona servicios como el teléfono 010, la Casa Cuna, la limpieza de algunas dependencias municipales o el mantenimiento de los jardines logroñeses, y donde se han constatado numerosos problemas laborales, como destrucción de puestos de trabajo.

Por su parte, Judit Esparza, incidió en otro sector como es el de los servicios de ocio y tiempo libre. Aseguró que “el PCPE tiene pruebas de despidos declarados como improcedentes por los tribunales en algunas de estas empresas gestoras de centros jóvenes y ludotecas, así como otras irregularidades laborales denunciadas a la Inspección de Trabajo”.

Ante todo esto, la candidata del PCPE planteó la “necesidad urgente de romper todos los convenios por parte del Ayuntamiento para la gestión de cualquier servicio público, procediendo a la municipalización de todos los que hasta ahora han sido privatizados”. Argumentó que “ya es hora de parar este robo cotidiano que se produce al pueblo trabajador logroñés, con cuyos impuestos se financian contratos y convenios con empresas que vulneran los derechos laborales y sindicales de los trabajadores y las trabajadoras, y que además prestan servicios en función no de la utilidad social, sino única y exclusivamente el beneficio económico privado”.

Ante todo esto, la candidata comunista finalizó planteando como alternativa un modelo de gestión de los servicios públicos que permita un mayor control por parte de los trabajadores y las trabajadoras de esas empresas, así como del conjunto de la población, y la fiscalización de las cuentas.

Logroño, 7 de mayo de 2011