Desde el partido político Por Un Mundo Más Justo, partimos de la base de que todos los seres humanos son iguales en dignidad y, por tanto, deben tener acceso a una serie de derechos fundamentales. Anteponemos las personas a los beneficios económicos, situando la economía al servicio del desarrollo humano y priorizando la consecución de los derechos humanos como estrategia social.
No nos sentimos culpables pero sí personas responsables que deben afrontar las situaciones de exclusión social que se viven en nuestras ciudades. Por ello es necesario frenar las crecientes desigualdades sin perder de vista las posibilidades que tienen los ayuntamientos en la construcción de un mundo más justo.
Nuestros municipios son cada vez más plurales, tenemos la obligación de respetar al otro y caminar hacia la interculturalidad, considerando las diferencias como motivo de mutuo enriquecimiento y no como fuente de conflictos.
Acabar con la exclusión social es un deber de la sociedad en su conjunto. En esta tarea los servicios sociales tienen un papel fundamental, se debe sustituir el actual enfoque caritativo de los servicios sociales por un enfoque basado en derechos en donde se busque la autonomía de la persona.
Los poderes públicos tienen la obligación de garantizar el acceso a derechos básicos de empleo, sanidad, educación y vivienda. Entendemos que el fomento del tejido social es clave para buscar el bien común y reconducirnos a hacia una economía social que priorice a la persona.
Hay que pasar a la acción, dejando de ser exclusivamente consumidores y trabajadores para ser ciudadanos.
Esto conlleva, necesariamente, ocupar el espacio público y, por tanto, construir la ciudad. Los ciudadanostienen que ser actores y, para eso se debe promover un espacio urbano integrador, público y sostenible.
Se deberá construir un nuevo modelo de ciudad que haga posible una sociedad cohesionada. Una ciudad que no transcriba al territorio las desigualdades existentes, y que tienda a aminorar éstas, que no privatice sus espacios y que esté dotada de unas infraestructuras que fomenten un consumo responsable.
Una ciudad abierta al mundo que, a través del codesarrollo y la cooperación descentralizada, ayude a mejorar las duras realidades que se viven más allá de nuestras fronteras nacionales.
Este posicionamiento, que puede parecer utópico, debiera ser el punto de arranque de cualquier propuesta política en nuestro país pues, en realidad, por revolucionario que parezca, la consecución de los derechos humanos es una exigencia recogida en la Constitución Española.
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